La población campesina (y dentro de ella las mujeres rurales más pobres, cerca de 2,5 millones) es la más expuesta a las alteraciones del clima, la desertificación, la escasez del agua y la degradación de los ecosistemas.
Se han otorgado concesiones mineras sin surtir el proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas.
Los megaproyectos mineros han producido desplazamiento forzado, pérdida del territorio y la cultura, afectación a la salud, contaminación de fuentes de agua, aire y destrucción de la biodiversidad, entre otros.
Queremos:
Que la explotación de minerales e hidrocarburos sea regulada con perspectiva de sostenibilidad ambiental y sin causar perjuicio a las comunidades locales.
El fortalecimiento de la institucionalidad para que se garantice el cumplimiento de las normas ambientales y se cuente con poder sancionatorio.
Programas que impulsen la agricultura limpia, la conservación de bosques y cuencas hidrográficas.
